ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PROFESIONAL O CLIENTELISTA

El profesor Oscar Oszlak acaba de escribir sobre la improvisación habitual en la Argentina, donde “la gestión pública se convierte en la tediosa repetición de un presente continuo, sin futuro imaginable ni pasado revisable” (La Nación, 4-7-17). Esa característica de nuestra realidad, nos lleva a pensar que ocurrirá con el Plan de Modernización del Estado aprobado hace un año por Decreto N° 434/16. Uno de los ejes fijados pretende “lograr la profesionalización de los trabajadores de la administración pública”. 

El principal problema a encarar consiste en mejorar la calidad del personal y racionalizar su desempeño. El actual gobierno nacional comprobó que, de los 3.000 cargos directivos sólo 6 funcionarios habían ingresado por concurso, y admite que al final de su gestión recién estarán concursados el 50 % del total de dichos cargos, que  corresponden al nivel administrativo, por debajo del nivel político que abarca unos 800 cargos que se cubren por designación directa.

Cabe agregar que muchos empleados actuales se incorporaron antes de que se implementaran normas de selección para el ingreso; a su vez, “el manejo político del empleo público” denunciado por los sindicalistas, hace que existan “90.000 empleados precarizados (sin estabilidad) a nivel nacional, y 600.000 si se suman provincias y municipios” (La Nación, 30-4-17). Debemos mencionar que, del total estimado de agentes estatales (3.490.056)  de los tres niveles de gobierno, el nacional sólo posee el 21 %; los niveles locales suman 2.748.079. Las provincias 66% y los municipios 13 % (Min. De Trabajo, 19-4-17).

Entonces, suponiendo que mejore la situación en el plano nacional, continuará el problema en los niveles locales, donde muy pocos empleados ingresan por concurso; el nudo gordiano, por lo tanto, de todo plan de reforma del sector público es la profesionalización del personal, y debería encararse con criterio federal, incluyendo a las provincias y municipios.

El Estado moderno requiere que los organismos públicos estén a cargo de especialistas, que actúen con la mayor objetividad, al servicio de toda la sociedad. En los tres niveles de gobierno el titular del Ejecutivo es elegido para el cargo y no designado como los funcionarios administrativos. Y es, precisamente, la conducción política ejercida por él –y en algunos aspectos, con la intervención del Legislativo- quien debe fijar los fines y establecer las normas que los funcionarios están obligados a acatar. Por eso: a) la competencia de los empleados públicos está delimitada; y b) la autoridad política complementa la racionalidad técnica de la burocracia con los factores emotivos y la comprensión global de la realidad social. 

Hace muchos años, nos enseñaba don Pedro J. Frías, que una administración sin política será siempre arbitraria, y una política sin administración será siempre estéril. Pues debe haber una relación equilibrada entre los dos elementos imprescindibles en el funcionamiento del  Estado.

Lamentablemente, en nuestro país se mantiene el llamado sistema de los despojos (spoil system), que fue abandonado hace más de un siglo por los países  desarrollados; consistente en cubrir la mayoría de los cargos públicos con los miembros del partido que obtiene el gobierno. Como los empleados de planta permanente poseen estabilidad laboral, se añade otro problema: el incremento incesante –e injustificado- de las dotaciones de personal. Constituye el aspecto más preocupante del clientelismo partidario.

En Argentina, y desde hace al menos tres décadas, los sucesivos gobiernos han carecido de un cuerpo de funcionarios eficientes. Superando las presiones inevitables de los propios partidarios, y de los sindicatos, las autoridades políticas tendrán que resolver este dilema crucial, optando por una administración profesional que reemplace para siempre el clientelismo en la función pública. 

El nuevo modelo de gestión, deberá quedar reflejado en la legislación; en la ley de Presupuesto, tendrá que detallarse el número de cargos de nivel político, quedando fijada la obligación de cubrir todos los demás cargos por concurso de antecedentes y oposición. Únicamente con un Servicio Civil competente podrá lograrse un desarrollo integral que permita alcanzar en la Argentina el bien común, con justicia para todos los ciudadanos.

(Publicado en La Voz del Interior, 8-7-17)